Los españoles siguen confiando en el alquiler inmobiliario y la rentabilidad de su ahorro, cada vez más. Casi 2,37 millones de contribuyentes declararon al fisco rendimientos por arrendamientos, un 20% más que en 2013 según datos de la Agencia Tributaria para la campaña de IRPF de 2016. Este incremento demuestra que para muchas de las economías domésticas españolas los ingresos por alquiler siguen siendo vitales, de hecho los ingresos medios declarados ascienden a 7.640 euros al año.
Los datos hechos públicos por Hacienda en la Estadística de los declarantes del IRPF muestran la gran dispersión del sector de alquiler inmobiliario pese a la entrada de grandes operadores profesionalizados en el negocio, como fondos de inversión nacionales e internacionales. En concreto, las autoridades fiscales contabilizaron 2.362.915 contribuyentes particulares con ingresos de alquiler en 2016, frente a los 1.643.284 de una década antes, en 2007.
Pero esta abultada diferencia puede tener varias explicaciones. Por un lado, el auge del alquiler viene impulsado por una ley de arrendamientos urbanos de 2013 que permitió a los propietarios un mayor margen de maniobra para imponer subidas a los inquilinos y la reducción de los contratos. Por otro lado, en los últimos años el alquiler vacacional ha vivido un espectacular boom, lo que ha obligado a las autoridades a implementar medidas para que dejara de moverse en la economía sumergida.
Rendimientos por alquiler en alza
Una legislación más favorable al propietario, el auge de la economía colaborativa y el afloramiento del alquiler turístico por la presión de las administraciones han permitido que en 2016 la campaña fiscal mostrara 18.053 millones de euros por rendimientos inmobiliarios. Una cantidad nunca antes recaudada, el 7,4% por ciento más que solo un año antes, y refiriéndose siempre a la actividad entre particulares, los datos de la Agencia Tributaria no incluyen los ingresos de empresas de alquiler, agencias inmobiliarias u otro agentes profesionalizados del mercado.
Y las previsiones sobre esta cifra son de aumento para la campaña fiscal de 2017 y sucesivas, ya que las autoridades consideran que todavía un porcentaje importante de estos alquileres es opaco al fisco.
Ingresos medios de 7.640 euros
En la Estadística de los declarantes de la Agencia Tributaria se estima que los particulares propietarios recibieron unos ingresos medios en 2016 de 7.640 euros. Esta cifra arroja un precio del alquiler mensual de 636 euros, por debajo de la cifra de 2008 cuando la estadística de la Agencia Tributaria tiene recogido el mayor pico de ingresos medios por arrendador: de 9.173 euros al año, lo que arroja una renta mensual de 764 euros.
En un contexto de tipos de interés bajos e indefinición de la tendencia en la inversión bursátil, la inversión en inmuebles para alquiler parece contar con el favor de los españoles. Esta propuesta cuenta además con una coyuntura favorable para el propietario, ya que las rentas han escalado en precio de forma importante en los últimos años por una mayor demanda, aunque los precios podrían estar tocando techo.
¿Se pueden controlar los precios?
El futuro inmediato del precio de los alquiles va a depender en gran medida de las medidas gubernamentales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado con frecuencia su preocupación por la tendencia alcista de unas rentas que aspira a controlar.
Con este objetivo, el Ministerio de Fomento ha propuesto la construcción de 20.000 viviendas sociales dirigidas a familias con rentas bajas y jóvenes, que además se ubicarían en las ciudades donde hay una mayor presión en las rentas. Según los datos del portal Idealista para los últimos cuatro años estas son Palma de Mallorca, Las Palmas, Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga, San Sebastián y Sevilla.
Además de activar la vivienda social, se barajan otras políticas de vivienda. Aunque las medidas están por concretar, se habla de estimular la salida de vivienda ahora desocupada al mercado de alquiler, de actuaciones fiscales para favorecer esta actividad, y de la revisión de la ley de alquiler, por ejemplo para devolver a los cinco años la duración de los contratos o el control de las fianzas.
Las dudas están en la posibilidad de poner estas medidas en práctica y sus plazos de ejecución, el propio Ministerio de Fomento habla de cuatro a seis años como el periodo necesario para la construcción de las viviendas sociales. Por otro lado habría que esperar a valorar su impacto real en la contención de los precios de alquiler de vivienda, después de unos años en clara fase alcista. De momento todo parece indicar que las familias españolas van a seguir encontrando en las rentas por alquiler una interesante vía para rentabilizar sus ahorros.