“La construcción debe ser una de las palancas de la recuperación del empleo y la economía”. José Luis Ábalos, ministro de Transportes y Movilidad, expuso esta declaración de intenciones en una comparecencia en el Congreso a finales de abril. Los sectores inmobiliario y financiero han aceptado el reto, generando un amplio debate sobre diferentes medidas para activar el mercado de vivienda nueva, paralizado por la crisis del coronavirus.

Una de las propuestas mejor recibidas plantea facilitar a los jóvenes ayudas para la obtención de hipotecas con las que acometer la compra de su primera casa. Las entidades bancarias actualmente prestan un máximo del 80% de la valor de la vivienda en venta. El 20% restante procede de los recursos propios de los compradores.

Precisamente, una de las principales dificultades de los jóvenes para abordar estas operaciones es generar suficiente ahorro en un tiempo razonable con el que afrontar lo que no cubre la hipoteca. Y la pandemia, con la disminución en muchos casos de los ingresos, ha agravado esta situación.

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), varias entidades bancarias y el Ayuntamiento de Madrid proponen conceder avales públicos a jóvenes que demuestren su capacidad económica para hacer frente al pago mensual del préstamo.

Solo el 5% de desembolso inicial

Sería un proyecto de colaboración público-privado para conceder hipotecas por el 95% del valor de la vivienda: al 80% que otorga el banco se suma otro 15% cubierto por el aval público. De esa manera, el comprador solo tendría que hacer frente al desembolso inicial del 5%.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) sería la entidad avalista, asumiendo el riesgo de apoyar estas inversiones de la misma manera que lo está haciendo con los préstamos que concede a las empresas afectadas por el COVID-19. Así mismo, el ayuntamiento madrileño está estudiando presentarse como avalista para las operaciones en la capital en caso de que el ICO finalmente no apoyara el plan, lo que tal vez impulsaría a otras administraciones locales a compartir la iniciativa.

Según las estimaciones de la APCE, estas ayudas supondrían la construcción en España de unas 300.000 viviendas, generarían 800.000 empleos, permitirían que un millón de jóvenes se independizara y aportarían a las arcas del Estado unos ingresos en dos años de 15.000 millones de euros en impuestos directos e indirectos.

El Gobierno británico puso en marcha una iniciativa similar (Help to buy) que durante la pandemia el ayuntamiento de Londres ha decidido ampliar. La respuesta está siendo muy positiva en cuanto a la solicitud de avales ICO y al repunte de la demanda que perciben las promotoras.

Si finalmente no hubiera dinero público apoyando este plan, hay una alternativa: que fueran aseguradoras privadas las que concedieran los avales ICO. Hay varias compañías norteamericanas, como AmTrust International, muy interesadas en entrar en este negocio en España. La propuesta sería la misma, pero los intereses que generarían esos avales serían más altos para los compradores.