La climatización de los edificios (residenciales, comerciales e industriales) supone el 31% de toda la energía que se consume en España, según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Una gran parte se desperdicia por la ineficiencia de las instalaciones. Un hecho que supone millones de euros en la factura nacional y toneladas de CO² en la atmósfera, lo que contribuye al deterioro del planeta y de la salud.

La situación es especialmente grave en España ya que más de la mitad de las viviendas fueron construidas antes de 1980, cuando apenas existían normativas sobre la eficiencia energética, a lo que se suma el natural deterioro que sufren por el tiempo.

Dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que aborda medidas para la sostenibilidad, están surgiendo iniciativas privadas que plantean nuevas estrategias de actuación. Una de las más ambiciosas es la promovida por la Fundación La Casa que Ahorra, que hace unas semanas presentaba el informe El reto de la rehabilitación: el Pasaporte Energético y otras propuestas para dinamizar el sector.

En el documento se exponen los estudios que certifican la baja eficiencia de los edificios por la falta de aislamiento en muros, cubiertas y huecos acristalados. Para subsanar estas deficiencias habría que acometer una extensa campaña de rehabilitación que podría llegar a suponer un ahorro final de hasta el 80% de esa factura energética.

Subvención por fases

Eso supone una fuerte inversión que no todos los propietarios pueden acometer. Por eso la fundación plantea establecer lo que denomina Pasaporte Energético, un acuerdo entre las comunidades de propietarios y las administraciones para realizar las reformas necesarias en distintas fases. De esa manera se facilitaría el gasto particular a la vez que se recibirían ayudas públicas en los distintos tramos.

Podría entenderse como una colaboración a plazos que duraría un mínimo de cuatro años. El periodo acordado se dividiría en fases de actuación. Por ejemplo, en una primera se acometería la mejora del aislamiento de la fachada; en la siguiente, la rehabilitación de la cubierta y el suelo; en otra, la instalación de cerramientos estancos y, finalmente, la sustitución de los sistemas de climatización por otros más eficientes.

La rehabilitación completa recibiría una determinada subvención, que se iría entregando parcialmente al final de cada fase, cuando los técnicos hubieran comprobado que las obras se habrían realizado como estaba acordado. De ese modo se incentivaría a los beneficiarios para que cumplieran con el plan establecido.

Para recibir estas ayudas se exigirían dos condiciones:

• Una antigüedad mínima de los edificios, que podría ser de 35 o 40 años.
• Que la rehabilitación suponga como mínimo un 50% de ahorro en el gasto energético.

El Pasaporte Energético sería por tanto una estrategia para cumplir con una necesidad urgente, como explica Albert Grau, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra: “Rehabilitar ya no es una opción, es una obligación. Tenemos que cumplir con los objetivos de la Unión Europea y, además, debemos pensar en que los edificios mejoren la calidad de vida de sus ocupantes y ofrezcan, a su vez, las condiciones de salud y confort que se espera de ellos”.