Los datos siempre son elocuentes, así que vayamos con ellos. En un reciente simposio sobre los avances en la estrategia de rehabilitación en las ciudades españolas, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), se completó una radiografía del sector de la que llaman la atención dos apuntes:

• En nuestro país hay cinco millones de viviendas con una antigüedad superior a los 50 años.

• Solo el 10% de la inversión inmobiliaria se destina a proyectos de reformas de edificios, en contraste con otros vecinos de la Unión Europea, como Alemania, donde esa cifra llega al 70%.

Somos uno de los países que menos recursos dedica a la rehabilitación, a pesar de que nuestro mercado de la vivienda lo demanda. No se trata solo de cuestiones estructurales y estéticas. El plan de ahorro energético de Bruselas para 2020, en el que están comprometidos todos los estados miembros, obligará en los próximos años a afrontar intervenciones públicas y privadas para, además, reducir las emisiones contaminantes.

Según datos de la Comisión Europea, el sector de la edificación representa el 40% del consumo de energía total en la UE. Por tanto, las iniciativas ‘verdes’ en ese sector serán fundamentales para lograr rebajar en un 20%, como se ha previsto, la factura de aquí a cinco años.

El Certificado Energético de edificios y viviendas, exigido por ley para la venta y alquiler de inmuebles, es una de las medidas que hemos adaptado en España para cumplir con ese objetivo. Por ahora, el certificado afecta solo al valor de tasación de la vivienda (a peor calificación, menos valor), pero como ya ha ocurrido en otros países, se prevé que las administraciones lo tengan en cuenta para regular la carga impositiva de los inmuebles: cuanto más energía malgasten y más contaminen, más pagarían.

Rehabilitar barrios enteros

No hay duda de que será preciso aumentar considerablemente las inversiones en rehabilitación, por necesidad de un parque inmobiliario anticuado, pero también porque es rentable. Acudamos de nuevo a los datos:

• El Ministerio de Fomento ha presupuestado para estos proyectos (ayudas, subvenciones e inversión directa) 2.311 millones hasta 2016, lo que generará una inversión privada inducida de 1.268 millones.

• Según Ana Gomendio, directora general de Vivienda y Rehabilitación y directora general del IVIMA, por cada millón de euros invertido en este tipo de obras se crean 56 puestos de trabajo directos e indirectos.

Todos estos argumentos justifican la propuesta del COAM para que las administraciones sean más ambiciosas, impulsando no solo la rehabilitación de edificios, sino también proyectos integrales que abarquen barrios enteros y en los que se involucre de manera decidida la inversión privada.

Como explica José Antonio Granero, decano del COAM, “ahora es más necesario que nunca apoyar la rehabilitación de nuestro patrimonio urbano. La oferta poco a poco se ha ido conformando de manera sólida, pero falta estructurar una demanda consistente”.