En España hay alrededor de 25 millones de viviendas, más de la mitad construidas antes de la aprobación, en 1978, de los códigos técnicos de edificación. De ellas, cerca de dos millones están en un estado ruinoso. Los datos pertenecen al Ministerio de Fomento y evidencian el crecimiento potencial del sector de la rehabilitación.

Sin embargo, aún se destinan pocos recursos a las obras de mejora. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) estima que en España solo un 10% de la inversión inmobiliaria total se dedica a reformas, mientras que en países como Alemania la cifra llega al 70%.

Todos los análisis realizados sobre el retorno que proporciona una rehabilitación de los edificios residenciales demuestran su rentabilidad a medio o largo plazo. Por ejemplo, en un reciente estudio, el comparador kelisto.com calcula que la diferencia en la factura anual energética entre un hogar eficiente y otro que no lo es llega a alcanzar los 1.800 euros.

Al ahorro en los gastos debería sumarse el incremento del valor de la propiedad por las mejoras introducidas. La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) asegura que una reforma integral, con un coste de unos 50.000 euros de media para un piso tipo de 90 m², puede revalorizar una vivienda entre un 20% y un 25%.

6.000 millones de euros y 140.000 empleos

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 recoge subvenciones destinadas a la rehabilitación de inmuebles construidos antes de 1996 siempre que suponga una mejora del aprovechamiento térmico (reforma de la envolvente, aislamientos, etc.) o una protección frente al ruido y la contaminación interior.

El objetivo no solo es generar inversiones que modernicen el parque residencial y faciliten la sostenibilidad energética, sino también dinamizar un sector con grandes posibilidades de desarrollo y un fuerte impacto en la economía nacional.

Un informe de la Fundación La Casa que Ahorra considera que en España podrían rehabilitarse de media unas 350.000 viviendas cada año. Para ello propone un programa de ayudas recogidas en un acuerdo entre las administradores y los propietarios al que ha llamado Pasaporte Energético.

Este se acompañaría con un paquete de medidas fiscales, como la bonificación de hasta un 50% de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y un IVA del 4% para las viviendas nuevas con una clasificación energética superior a la exigida (actualmente es del 10%).

El informe realiza estimaciones sobre el efecto económico que este impulso a la rehabilitación tendría en un periodo que finalizaría en 2030: la creación de al menos 140.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y 6.000 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto (PIB). Además, se reducirían las emisiones de CO² en un 16%.