Construir una casa en suelo rústico, es decir, fuera de los núcleos urbanos, supone afrontar una serie de limitaciones administrativas que pueden variar radicalmente el proyecto original.
La Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana protege los entornos rurales precisamente controlando la edificabilidad. Por eso, como norma general, se prohíbe la construcción en esos terrenos. Sin embargo, permite que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos establezcan sus propias excepciones.
Por ejemplo, en 2016 Galicia aprobó una reglamentación que contempla edificaciones en suelo rústico siempre que tengan fines agrícolas, ganaderos o turísticos, como campamentos, instalaciones deportivas o de ocio y alojamientos rurales.
En Castilla-La Mancha es posible levantar una vivienda unifamiliar siempre que la parcela tenga al menos una hectárea de superficie y la planta de la casa no supere los 200 m2. Si el suelo rústico tiene un especial interés ecológico, la parcela deberá tener al menos tres hectáreas y la ocupación máxima de la casa no superará el 2% de la superficie de la finca.
Las condiciones en la Comunidad Valenciana son similares: la finca debe tener por lo menos una hectárea y no podrá destinarse más del 2% de la superficie a la vivienda, que tendrá que ser unifamiliar, con abastecimiento de agua y saneamiento. Además, se prohíbe modificar la topografía del terreno.
Todas las normativas autonómicas exigen que las construcciones se armonicen con el entorno natural y con la arquitectura clásica de la zona. De la misma forma, se imponen grandes distancias entre las construcciones para evitar la creación de núcleos urbanos que variasen el paisaje.
¿Cómo solicitar los permisos?
Antes de comprar un terreno en suelo rústico con la idea de construir, es esencial consultar tanto la normativa autonómica como el plan urbano del ayuntamiento para conocer la calificación del terreno y las condiciones de edificabilidad.
Si es posible seguir adelante, habrá que encargar a un arquitecto la elaboración de un proyecto de obra detallado, que se remitirá al consistorio junto con la solicitud del permiso.
En el caso de que el ayuntamiento juzgue que cumple con los requisitos, lo remitirá a su vez a la consejería de urbanismo de la comunidad autónoma para que dicte una resolución al respecto, de acuerdo a su reglamentación.
Si es positiva, el ayuntamiento entregará el permiso y el propietario abonará las tasas correspondientes. Lógicamente, tendrá que cumplir estrictamente con el proyecto porque en si no fuera así se arriesga a multas, al derribo de la construcción e, incluso, a penas de cárcel.
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