La Unión Europea ha marcado unas fechas para lograr que los países miembros cumplan con el objetivo de que sus edificios tengan un consumo energético casi nulo: los inmuebles públicos deben conseguirlo a partir del 31 de diciembre de 2018 y los privados nuevos, desde el 31 de diciembre de 2020.

Para adaptarse a esta exigencia comunitaria, España está aprobando algunas medidas con el ahorro de energía como objetivo fundamental. El primer paso importante se dio el pasado 1 de junio, cuando se estableció que todos los inmuebles en venta deberían contar con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE), con una calificación –en cada caso establecida por un experto– que va de la A (máxima eficiencia) a la G, lo que puede influir en el precio de la propiedad.

La segunda iniciativa legal importante ha sido aprobada el mes pasado: la modificación del Código Técnico de Edificación (CTE), que es el conjunto de normas que regulan la construcción de edificios en nuestro país. El texto original del CTE, de 2006, exigía unos requisitos mínimos en cuanto a control del gasto energético de las nuevas construcciones que se han demostrado insuficientes.

La primera novedad de la modificación, que entrará en vigor en marzo, es que antes se contemplaba sólo la eficiencia energética en las nuevas construcciones, mientras que ahora también afectará a los inmuebles construidos. Desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explican por qué: «Se concretan las exigencias para las intervenciones en edificios existentes ya que parece que la rehabilitación será el área de actuación en los próximos años. Y mientras que el CTE anterior se centraba solo en los de obra nueva, ahora distingue las exigencias para edificios nuevos y para existentes».

Es decir, las reformas que se produzcan en edificios antiguos tendrán que cumplir con los requisitos que exige el CTE. Por ejemplo, si una obra afecta al 25% o más de los aislamientos térmicos del edificio (ventanas, persianas, toldos, muros exteriores, sistemas de ventilación…), o bien si se va a dar un uso diferente a la propiedad. Ambas modificaciones deberán lograr al menos un Certificado de Eficiencia Energética D (medio en la escala).

Para viviendas nuevas, el CEE mínimo también será una D. Mayor exigencia tendrán los inmuebles no destinados a vivienda, como las oficinas o las naves, los que deberán obtener una calificación A o B.

Según Sergio Balcells, presidente de la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido y experto en construcción, “habrá muchas estrategias para cumplir con estos requisitos, pero está demostrado que la más económica es el diseño con el espesor óptimo de aislamiento, que podrá tener de 8 a 15 centímetros, como pasa en los países vecinos, con los que compartimos clima”.

Aunque no será el único método. Si a éste se suman unos cerramientos adecuados (ventanas sobre todo), sistemas de calor y frío eficientes –adaptados a las distintas zonas y necesidades– y de bajo consumo, y límites estrictos a la iluminación, se obtendrá una calificación B o A del edificio.

Hay mucho trabajo por delante según los datos del IDAE, y es que de los alrededor de 26 millones de viviendas que hay en España, 15 millones tienen más de 30 años y 6 millones más de 50. Aproximadamente, 2 millones están en mal estado de conservación. Y, de todas ellas, el 60% (15,6 millones) se construyeron sin seguir ninguna normativa energética.

Por tanto, sería necesario rehabilitar una media de 400.000 viviendas por año para cumplir con los objetivos marcados por la UE para 2018 y 2020. Si fuera así, se reduciría drásticamente el gasto energético de los edificios, que actualmente representa el 17% del total de la energía que se consume en España. Un gran ahorro para los ciudadanos y para el Estado.

Foto @ Gonmi, distribuida con licencia Creative Commons BY-2.0