Según cálculos de la empresa de ingeniería Euroconsult, las comunidades de vecinos pagan por su factura energética una media de 6.000 euros anuales, aunque las cantidades llegan a ser mucho más elevadas si se cuenta con zonas de ocio y servicios comunes (varios ascensores, jardines, piscina…).

Hablamos de un gasto considerable sobre el que no se suele tener un control eficaz. Contratar a un experto para  revisar los sistemas y comprobar si existen excesos de consumo y cómo evitarlos no era una opción hasta que la ley la ha puesto sobre la mesa.

Desde el 1 de junio, si pretendes vender o alquilar una vivienda tendrás que contar con un certificado energético para que el nuevo propietario o el inquilino pueda calcular el coste que tendrá que afrontar por el gasto de electricidad y gas. Se realizará una clasificación de la casa que influirá en el precio final de la venta o el arriendo.

La misma norma se aplica a los edificios de nueva construcción y a las comunidades de propietarios que dispongan de más de mil metros cuadrados y que emprendan una reforma que afecte al 25% o más de sus cerramientos. Dicho de otra forma, los gestores energéticos ya van a formar parte de nuestra vida vecinal queramos o no.

De modo que no parece mala idea plantear qué ventajas nos reportan. Se resumen en una palabra: ahorro. Son cada vez más numerosas las empresas que facilitan estos servicios a través de ingenieros y arquitectos cualificados. Básicamente su trabajo consiste en analizar el inmueble, comprobando el consumo en las horas punta y valle.

Disponen de unos cálculos previos que relacionan los metros cuadrados de cada espacio con el gasto más eficaz en luz, refrigeración, calefacción o ventilación, teniendo igualmente en cuenta el número de vecinos y el uso habitual. Esas cifras óptimas las comparan con las recogidas en el inmueble, a través de dispositivos tecnológicos que miden de manera precisa en tiempo real y durante un tiempo determinado las fluctuaciones del consumo. Si se está malgastando energía, pueden identificar las causas y sugerir soluciones.

Carlos Sáez, director de la división de eficiencia energética de Euroconsult, explicaba en el diario El Mundo las ventajas de realizar este estudio en una comunidad de propietarios: «Contratar un certificado único de todo el edificio residencial es una opción que prácticamente no se da. Sin embargo, permitiría rebajar en un 25% la factura energética que comparten los vecinos de un mismo bloque».

Haciendo ese cálculo sobre el gasto medio de una comunidad (6.000 euros), se trataría de unos 1.500 euros de ahorro anual. El precio de un certificado energético lógicamente variará dependiendo del tipo de inmueble, de la extensión de sus zonas comunes e incluso de la localidad donde esté ubicado –siempre en una gran urbe será más costoso que en una ciudad pequeña–. La web Top de Certificación Energética sitúa el precio medio entre 250 y 350 euros. Es decir, que el trabajo del gestor siempre va a salir a cuenta.

El beneficio de la generalización de este tipo de estudios tendría a su vez un notable efecto en la factura energética nacional: continuando con los datos que aporta Euroconsult, se reduciría en unos 1.260 millones de euros anuales. Aunque para ello quizá todavía es necesario una regulación más precisa de esta figura profesional en el ordenamiento español. Es decir, que cuente con una titulación oficial concreta para saber exactamente quién puede y quién no realizar estos análisis energéticos. 

 

Foto: @Simon & His Camera en Flickr, distribuida con licencia Creative Commons CC BY 2.0