Jóvenes y familias de rentas más bajas son los principales grupos de población afectados por el incremento sostenido de los precios del mercado inmobiliario. El anterior Gobierno aprobó en marzo el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para favorecer el acceso a una casa habitual. La mayor parte de esas ayudas se dirige al alquiler.

El nuevo Ejecutivo quiere ir más allá con medidas que controlen los precios de los arrendamientos y estabilicen el mercado, para las que tendrá que negociar en el Congreso el apoyo de otros grupos parlamentarios. Estas son sus iniciativas fundamentales, solo referidas a viviendas de uso habitual.

Limitar los precios

El Gobierno quiere establecer un sistema público de precios para cada zona urbana que será fijado por los ayuntamientos. Los propietarios que se acojan voluntariamente a los límites que se marquen se podrían beneficiar de deducciones fiscales de hasta el 60% de los ingresos en el Impuesto sobre la Renta (IRPF). Además, los jóvenes de entre 18 y 30 años con bajos ingresos podrían deducirse el 100% de la cuantía del alquiler en su declaración.

Prolongar la duración de los contratos

Actualmente la ley contempla que los contratos duren un mínimo de tres años. El Gobierno se plantea alargar el periodo a cinco años, con una prórroga de otros tres. También se baraja la posibilidad de crear ‘contratos de duración protegida’ para los más desfavorecidos, asociados además  a subvenciones o desgravaciones fiscales. Con estas medidas se pretende estabilizar el mercado y sostener los precios.

Revisar los alquileres de acuerdo al IPC

Cuando en la actualidad finaliza un contrato de alquiler, al prorrogarlo el propietario puede establecer el precio que crea conveniente. Como la demanda es alta, se tiende a imponer fuertes subidas. Para evitarlo, podría fijarse como referencia obligatoria el IPC, es decir, el alquiler en ningún caso aumentaría más que el coste de la vida.

Reducir las fianzas

Siempre existe el temor de los propietarios a que el inquilino no cumpla con sus obligaciones de pago. Al mismo tiempo, la creciente demanda permite encontrar interesados con cierta facilidad. La consecuencia es que los caseros ponen cada vez fianzas más altas para firmar los contratos.

El Ministerio de Fomento estudia elaborar un índice con fianzas máximas en relación al precio del alquiler. Por ejemplo, si la mensualidad es inferior a 750 euros, la fianza no podría superar el doble de esa cantidad, es decir, 1.500 euros. Si el precio se mueve entre los 750 y los 1.200 euros, la fianza máxima sería la mensualidad multiplicada por tres. La fianza a partir de los 1.200 euros estaría fijada libremente por el propietario.