La Directiva Europea sobre Eficiencia Energética, aprobada en 2012, imponía para el 1 de enero de 2017 que los edificios que contaran con sistemas de calefacción central instalaran contadores individuales para que cada propietario de una vivienda pagara de acuerdo a su consumo.

En España se ha retrasado ese plazo porque la ausencia de Gobierno durante 2016 no ha permitido preparar una ley que regularizara esa transición. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía ya han adelantado que la normativa estará lista en los próximos meses.

El objetivo es lograr más ahorro en el consumo y una mayor eficiencia energética, ya que ahora la calefacción colectiva supone casi siempre un gasto de combustible innecesario en la comunidad de vecinos.

Por ejemplo, se establece un horario de encendido y apagado que no suele tener en cuenta la temperatura exterior ni el tiempo de ocupación de las viviendas, algunas vacías durante casi todo el día, o desocupadas permanentemente.

Al individualizar el sistema, cada propietario pagará una cantidad fija, a determinar en cada comunidad, para afrontar los gastos comunes (mantenimiento y combustible), y una cantidad variable según el consumo de cada vivienda.

Además, el cambio de sistema tendrá un coste. Deberá abonarse el alquiler del contador individual (unos pocos euros al año), y asumir la instalación de una válvula termostática (entre 40 y 50 euros la unidad) en cada radiador para regular su temperatura de forma autónoma.

Ahorro anual de hasta 140 euros

José Porras, presidente de Remica, uno de los principales instaladores de la Comunidad de Madrid, estima que una vez amortizada esa inversión, se puede conseguir un ahorro medio anual de entre 120 y 140 euros anuales.

El futuro cambio de normativa ya está animando a algunos propietarios a dar un paso mayor e instalar en sus viviendas un sistema completamente individual. En estos casos, hay que considerar que la inversión es mucho mayor y, por tanto, la amortización tendrá un plazo más prolongado.

Además, el hecho de renunciar a la calefacción central no exime al propietario de seguir asumiendo los costes colectivos del mantenimiento de la instalación general, ya que son gastos del edificio que todos deben afrontar.

Por eso, lo más usual es que los vecinos interesados propongan a la comunidad un cambio general, eliminando las calderas colectivas. Quienes lo defienden esgrimen como argumentos habituales lograr un mayor ahorro (con la calefacción central se paga una cantidad fija, se consuma lo que se consuma) y la comodidad de poder adaptar el gasto estrictamente a sus necesidades, evitando conflictos habituales entre propietarios sobre el uso y la potencia.

La Ley de Propiedad Horizontal determina que para aprobar ese cambio es necesario contar con la aprobación de las 3/5 partes de los propietarios.