Nuestro país posee una enorme riqueza histórica, aunque una gran parte de ella permanece bajo tierra, pérdida por siglos de abandono, tanto en zonas rurales como urbanas. De modo que es usual que las construcciones descubran yacimientos arqueológicos, lo que puede suponer un retraso en la obra o, incluso, un cambio total del proyecto.

De hecho, muchos de estos restos históricos salen a la luz de manera fortuita. El ejemplo más notable fue el hallazgo del teatro Cartago Nova en Cartagena, buscado durante siglos y encontrado en 1987 por los operarios que realizaban unos movimientos de tierra.

Otros descubrimientos casuales más recientes han sido los del gran tesoro romano del Zaudín, recuperado al abrir una zanja para una obra; el mosaico de Cantillana, en Sevilla, u otro valioso mosaico hallado en Badalona, bajo cuyas calles se esconde la ciudad romana de Baetulo.

La Ley de Patrimonio Histórico Español establece que todo objeto arqueológico descubierto es de dominio público, es decir, que pertenece a la sociedad, no a quien lo ha encontrado. Por tanto, los hallazgos deben comunicarse a las autoridades en un plazo de 48 horas.

La norma también advierte sobre la protección del yacimiento: “La administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural”. En caso de paralización, se abre un plazo de estudio que establece cada comunidad autónoma, a partir del cual se prevé indemnizaciones al promotor o constructor.

Depende del valor del yacimiento

Una vez realizado el descubrimiento, hay dos formas de proceder, según nos explica Pablo Garrido, director de proyectos en Atlas Arqueología y vicedecano y vicepresidente de la sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva: “En el caso de que el hallazgo no tenga una gran relevancia, puede hacerse la documentación in situ, con estratigrafía y extracción, estudio y conservación de materiales y destrucción de las estructuras ya documentadas. O bien se procede al levantamiento y conservación de los restos en el caso de que no puedan ser documentados sin más debido a su valor, aunque esto sucede solo en el 10% o el 15% de los casos. Es muy raro que se tenga que parar definitivamente una construcción por un hallazgo arqueológico. Solo se produce cuando se trata de algo de extrema importancia. E incluso en esos casos, se opta a menudo por modificar el proyecto antes que dejar de construir”.

Lo ideal es que en toda obra que requiera una excavación se cuente con un arqueólogo que asesore a los promotores y supervise los trabajos, más aún si se realizan en zonas de conocida riqueza arqueológica: “Al menos hay que informarse bien de las cautelas arqueológicas previstas en cada caso –añade Garrido–. Es recomendable solicitar a la autoridad competente un informe técnico en el que se indique al promotor qué pasos debe dar o qué riesgos existen”.