¿Podré circular y aparcar mañana en la almendra central de la ciudad? A esa pregunta deben responder muchos conductores madrileños desde que en el mes de diciembre de 2016 entrasen en funcionamiento por primera vez medidas restrictivas al tráfico en la capital. Cuando los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) o las partículas de suspensión superan los niveles tope establecidos por la Unión Europea entra en acción el protocolo anticontaminación, que establece limitaciones a la velocidad, a la circulación o al aparcamiento, más o menos restrictivas en función de la gravedad del escenario.

Como cabía esperar, la medida no ha estado exenta de polémica y las reacciones ha oscilado desde el aplauso a la indignación, pasando por la resignación. En un extremo de la cuerda, la incomodidad de tener que prescindir del coche para quien lo utiliza a diario. En el otro, la pésima calidad del aire, considerada por la OMS un problema de salud pública, desencadenante de complicaciones respiratorias (asma, neumonía, alergias) y factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

Pero, Madrid no es la única urbe forzada a enfrentar altos niveles de contaminación: otras grandes capitales se ven en la misma encrucijada. ¿Qué medidas toman en esta batalla?

 

París, en su peor momento

La capital del Sena ha sufrido este invierno el peor pico de polución invernal de la última década. La alcaldesa socialista Anne Hidalgo considera que la limitación a la circulación alternando matrículas pares e impartes (tal y como sucedía anteriormente y el sistema elegido en Madrid) es aleatoria, por lo que ha estrenado un nuevo sistema de etiquetas que clasifica los vehículos por colores y números en función de su eficiencia energética, y que servirá para prohibir la circulación de los más contaminantes durante episodios de alta polución.

Cuando se suceden las restricciones, la ciudad de París lo compensa ofreciendo el transporte público de forma gratuita, una medida que se estima cuesta la friolera de 4 millones de euros diarios a las arcas municipales. El consistorio también ofrece ayudas para la utilización de coches eléctricos compartidos y subvenciones para la compra de bicicletas.

 

En Londres se paga por circular

El mismo alcalde Sadiq Khan padece de asma en una ciudad en la que se calcula que 9.500 personas fallecen al año por enfermedades derivadas de la contaminación. En los primeros 5 días de 2017 el aire de Londres ya ha superado los límites previstos para todo el año.

Actualmente, Londres se vale de la llamada tasa de congestión para limitar el tráfico en el centro de la ciudad en horario laboral: quien quiera circular debe abonar 11,50 libras por jornada. Pero la medida ha resultado insuficiente, por ello se prevé el establecimiento de una tasa de combustión sobre vehículos contaminantes, así como la delimitación de una zona que será considerada de emisiones ultrareducidas a partir de 2020 (un perímetro donde sólo podrán circular vehículos que respeten exhaustivos límites de emisiones). También se prevé la peatonalización a medio plazo de la archicomercial Oxford Street, que ostenta el dudoso honor de ser la calle más contaminada del mundo (los representativos autobuses de dos plantas tienen parte de la culpa).

 

Berlín: dos ruedas en vez de cuatro

Berlín, al igual que en otras ciudades Alemanas, cerró hace 7 años el centro a todos aquellos vehículos que no cuenten con la etiqueta verde que asegura sus bajas emisiones. A largo plazo (para 2030), se prevé que únicamente se extiendan licencias de circulación a aquellos coches con cero emisiones. A cambio, las políticas del gobierno se dirigen a incentivar el transporte público y a que las bicicletas pueblen, aún más, el paisaje berlinés.

 

La siguiente: Barcelona

El recién aprobado Programa de Medidas contra la Contaminación Atmosférica prevé la prohibición de la entrada de coches contaminantes en el perímetro de las rondas durante los episodios de alta contaminación, y la prohibición completa de su circulación a partir del año 2020. Además entre las medidas aprobadas se incluye la renovación de las flotas de transporte público, la ampliación de los puntos de recargas de vehículos eléctricos y la dotación con la tarjeta verde metropolitana a quién se deshaga de un vehículo contaminante y no compre otro, que le permitirá viajar gratuitamente en transporte público durante 3 años.