Los estudios de arquitectura que se presentan a un concurso para construir un edificio público saben que la prioridad de los jurados es el coste: el más barato suele ser el ganador. Este criterio ha llenado las ciudades de construcciones sin personalidad, meros diseños funcionales que en muchos casos deterioran el paisaje urbano.

La inversión pública también debería exigir calidad en sus proyectos y un cuidado estético del entorno. Con ese convencimiento, el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está preparando la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, por el que se tendrán en cuenta otras características de los futuros edificios además de su coste, como su originalidad o un desarrollo atractivo de la habitabilidad.

“La calidad en arquitectura para nada significa coste —asegura el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón—. Y no es lo mismo una escuela en un edificio anodino que otra que nos guste, de la que nos sintamos orgullosos, en la que nuestros hijos se encuentren bien, donde se pueda apreciar el resultado cuando entra el sol y que su vida interior tenga una relación con el jardín y los espacios exteriores”.

La nueva Ley de Arquitectura se haya en fase de estudio. Al ministerio están llegando ideas de los colegios de arquitectura que, en muchos casos, apuntan dos aspectos esenciales para lograr los nuevos objetivos de calidad. En primer lugar, un proyecto diferencial requiere tiempo, trabajo y talento, por tanto los profesionales deben obtener a cambio una remuneración adecuada a las exigencias.

Jurados competentes para la nueva Ley de Arquitectura

Por otro lado, el cambio de criterio en los concursos debe partir del jurado que realice la selección. Sus miembros han de contar con la formación adecuada para valorar cada propuesta y prever con detalle el resultado final de la obra. Eso requiere que las ofertas estén muy elaboradas, lo que para algunos estudios supone un costoso esfuerzo de definición que no siempre pueden afrontar.

Por ese motivo, el CSCAE sugiere generalizar en todas las administraciones los concursos a doble vuelta, siempre que el proyecto supere los 60.000 euros de presupuesto. En una primera fase, se estudiarían las propuestas evaluando sus líneas maestras, las características generales (dimensiones, espacios, funcionalidad, diseño…) y el coste. De esa forma, se realizaría una selección de los mejores participantes (tal vez dos o tres) y a estos ya se les pediría una definición mayor que sirviera al jurado para escoger al ganador.

Como explica Lluís Comerón, “un concurso no debería ser simplemente un proceso de licitación, sino algo mucho más trascendente, porque supone tomar decisiones sobre algo que va a ser importante sobre la vida de ese municipio durante dos o tres generaciones”.