Cada año debería incorporarse al mercado entre 120.000 y 150.000 nuevas viviendas para cubrir la demanda real de los ciudadanos, según un estudio de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).
La oferta nueva de residencial en 2018 fue de 100.733 unidades. Una producción alejada de las 868.000 de 2006, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y en un entorno “con menores niveles de apalancamiento familiar y mayor rigor hipotecario”, se asegura desde la patronal.
En la reciente presentación de estudio a la prensa, la APCE defendió que “en la fase actual del ciclo caracterizada por la normalización, todavía cuenta con margen de crecimiento, ya que la construcción de vivienda nueva se encuentra muy por debajo de las necesidades actuales del país”. Solo con la incorporación de más unidades de vivienda al año se podrá cubrir la nueva demanda que el INE calcula en 1,8 millones de hogares para 2030, muchos de ellos con una clara preferencia por la vivienda en propiedad.
Facilitar el acceso de la vivienda a jóvenes
Los jóvenes españoles abandonan el hogar familiar a los 29 años. Cifras que superan la edad promedio de los noruegos (19), o la de los suecos (21). España es el sexto país por la cola donde sus jóvenes se emancipan más tarde de entre los países europeos.
Esta cifra muestra una dura realidad, también para el mercado inmobiliario español. La propuesta de APCE es “crear y potenciar políticas integrales que conduzcan a una mejora de la accesibilidad de la vivienda”.
Entre las recomendaciones de los promotores constructores destaca la de la colaboración público-privada para incrementar la oferta de vivienda social. Esta es una de las principales razones que dificulta el acceso a la casa propia o alquilada a los jóvenes. También se insta a “adoptar políticas de apoyo al acceso de una primera vivienda y al establecimiento de beneficios fiscales”. Propuestas que la patronal ya ha trasladado a todas las Administraciones y a la Mesa de Vivienda del Congreso.
Un tipo de medidas que desde hace años se ofrecen en países del entorno europeo, se defiende. Es el caso del plan Help to buy, programa que permite la financiación de hasta el 95% de la vivienda comprada mediante un aval del Reino Unido a la entidad financiera. En el caso francés, estas ayudas al comprador joven se concretan con créditos al cero por ciento de intereses, y en el portugués con diferentes tipos de subvenciones para las rentas durante los tres primeros años.
Precios en valor de equilibrio
En su análisis del mercado, la ralentización de las ventas de vivienda en los últimos meses es un jarro de agua fría para el sector. Pero que en opinión de APCE no indica un cambio de tendencia. Más bien, la respuesta a una situación coyuntural derivada de la geopolítica mundial (la guerra comercial entre EE UU y China o el Brexit, principalmente), y en la escena doméstica la incertidumbre de la política española.
Ralentización que se está trasladando al propio mercado con una desaceleración en la subida de los precios, que lleva a asegurar a la patronal que conduce “a un valor promedio cerca de su valor de equilibrio”.
Pero la patronal considera que es posible dar un paso más y avanzar hacia un abaratamiento de los precios. Lo que se considera necesario para facilitar el acceso a esa vivienda a los jóvenes y a otros colectivos sociales colocando anualmente en el mercado una oferta acorde a las necesidades de la demanda.
Crear un marco jurídico estable
Para favorecer el acceso a la vivienda, APCE aboga por “poner en carga el suelo edificable que se encuentra bajo dominio de las Administraciones Públicas”. Así se evitarán subidas excesivas en los precios de los terrenos. Las otras medidas que recomienda son “reducir el coste burocrático ligado a la promoción y facilitar y agilizar la concesión de las licencias urbanísticas”.
En definitiva, se pide un marco jurídico seguro, estable y garante que sirva para atraer inversión con la que establecer nuevas fórmulas de producción, sobre todo basadas en la colaboración público-privada.
