Con más de 50.000 participantes y 190 países representados, el pasado mes de octubre tuvo lugar en Quito (Perú) la cumbre mundial Habitat III, en la que se discutió sobre la futura relación del ciudadano y la ciudad, y que tuvo como resultado la redacción de una nueva Agenda Urbana Habitat III que ahora asume su prueba más difícil: ponerse en práctica.

Bajo el concepto de ‘derecho a la ciudad’, Habitat III ha querido marcar las pautas del desarrollo urbano global en las próximas dos décadas, tiempo en que debe caminar hacia espacios más sostenibles y eficientes. Unos términos que cobran especial relevancia en los países en vías desarrollo donde las megaurbes crecen a un ritmo vertiginoso.

El derecho a la ciudad se entiende junto con la vivienda adecuada

La relevancia de este foro impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha servido para consagrar el derecho a ciudad: la ciudad entendida como un bien público. Un objetivo que no será posible mientras todos los estados no regulen el derecho a una vivienda adecuada. La canadiense Leilani Farha, relatora especial de la ONU, instó a los gobiernos a redactar leyes que reconozcan de forma efectiva este principio básico de los Derechos Humanos, pero además incluyendo «metas medibles sobre política de vivienda, sistema de protección para la población más vulnerable, y mecanismos de revisión y de solución de problemas».

Urbanización y desarrollo

En resumen, los 175 puntos de la Agenda Urbana resaltan la importancia de que el proceso de urbanización crezca en paralelo al desarrollo social y económico de sus habitantes, y además de con criterios de sostenibilidad.

Se identifican varios puntos críticos que giran en torno a la idea de una mayor planificación urbanística, legislativa y política.

• Ciudades más compactas. La extensión urbana ha crecido en los últimos 20 años cinco veces más que el número de sus habitantes. En la medida en que la ciudad ocupa una mayor superficie se dificulta y encarecen los servicios de abastecimiento, se multiplican las necesidades de desplazamiento y se genera más contaminación.

• Del campo a la ciudad. Para 2036 más de 1.000 millones de personas habrán migrado del campo a la ciudad, según estimación de la ONU, multiplicando las necesidades de organización y evidenciando la importancia de que los gobiernos de las ciudades dispongan de mayor rango legislativo para hacer frente a las problemáticas de cada ciudad.

• Más del 70% de los gases de efecto invernadero se producen en la ciudad. La reducción del uso de los vehículos motorizados es ya una prioridad en muchas de las ciudades del mundo más desarrollado. En Quito se instó a regularlo con criterios restrictivos, fomentar el transporte público y soluciones no contaminantes como las bicicletas.

• Más amigables. Muy relacionado con la reducción de la superficie urbana dedicada al transporte, a medida en que el vehículo privado pierda presencia se podrá recuperar espacio público y verde donde los ciudadanos y las familias convivan e interactúen.

• Más integradoras. Un amplio concepto que ha servido tanto para hablar de la capacidad inclusiva de la ciudad frente a las migraciones y movimientos de refugiados, como de la lucha contra la desigualdad, tanto económica, como de raza o género.

• Más sana y segura. Una ciudad más verde protege la salud de sus habitantes, objetivo que debe tener muy presente el urbanismo para permitir vivir a los ciudadanos junto a zonas verdes. Del mismo modo, su planeamiento debe incluir medidas concretas para hacer frente o minimizar los efectos de las catástrofes naturales.

Supervisión del cumplimiento

¿Quién vela por el cumplimiento de la Agenda Urbana III? Esta pregunta planeó durante toda la cumbre, consciente de que sin una supervisión su doctrina puede quedar en papel mojado. Se considera imprescindible que algún organismo supranacional tenga capacidad y autoridad para medir los avances de cada Estado, pero los gobiernos siempre son reticentes a ceder parcelas de poder. En el marco de la II Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, que se reunió en las mismas fechas en Quito, se propuso como vía de solución integrar a este organismo de pleno derecho en el entramado institucional de la ONU y dotarlo de estas competencias. Por tanto, la pelota queda ahora en el tejado de ONU.