Hace poco más de un mes os contábamos que Palma de Mallorca acababa de prohibir el alquiler de pisos y apartamentos vacacionales, (quedando los chalets fuera) de la nueva normativa que trata de poner freno al descontrol de una actividad que en los últimos años ha proliferado significativamente.

Ahora es Canarias la que quiere hacer lo propio y ya ha dado los primeros pasos en ese sentido con la presentación del borrador del nuevo decreto que regularía el alquiler vacacional en el archipiélago.

La propuesta canaria impediría el alquiler vacacional en suelo residencial de zonas turísticas, con la posibilidad de que las corporaciones locales fijen excepciones (cabildos y ayuntamientos, con prevalencia de la opinión de los primeros en caso de discrepancia) y dejando fuera de la regulación a las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro).

El objetivo principal de la medida, en la línea con los objetivos perseguidos por la Comunidad Balear, es el de garantizar el acceso a la vivienda de los residentes. Así lo manifestó el consejero regional de Turismo, Isaac Castellano, en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer estas acciones. Como antecedente, el hecho de que el precio del alquiler en Canarias se haya disparado en los últimos años (hasta un 27,8% durante el pasado año 2017, muy por encima, de la media nacional que se situó en un 18,4%).

Al objetivo social mencionado se unen las razones de “apostar por la sostenibilidad y la calidad y evitar el crecimiento desordenado”, según las propias palabras del consejero.

En todo caso, mientras en el archipiélago balear la medida estará vigente este mismo verano, en el caso canario no será antes del final del año cuando se apruebe definitivamente esta regulación por el Consejo de Gobierno, siempre y cuando llegue a prosperar: para ello, se debe contar previamente con informes favorables del Ejecutivo y del Consejo Consultivo.

 

¿Qué implica la nueva normativa?

El último estudio realizado por la Comunidad Autónoma data de 2017 y estima que existen unas 32.000 casas en régimen de alquiler vacacional, de las que sólo 6.600 estarían autorizadas por los cabildos. Si el decreto llega a prosperar, las viviendas de alquiler vacacional contarían con un periodo de 6 meses desde la fecha de aprobación para adaptarse a la normativa.

Además, los propietarios que posean tres o más viviendas adquirirán la categoría de actividad profesional con todas las implicaciones que ello conlleva, como las de contar con un equipamiento mínimo en las instalaciones, con empleados o con un teléfono de atención 24 horas disponible para los huéspedes.

Para controlar de oficio la correcta aplicación de la nueva normativa se prevé que Canarias aumente su plantilla de inspectores (actualmente la comunidad cuenta con 14).

 

¿Qué ocurre con las plataformas digitales?

Pues que tendrán que atenerse también a la normativa. El control se intensificará y todas las viviendas anunciadas deberán mostrar su número de registro. En caso de que se detecte alguna irregularidad, la plataforma deberá eliminar el anuncio en el plazo de 6 meses. En caso contrario, debería afrontar una multa.