Los agentes de la propiedad inmobiliaria (APIs) quieren formar parte de esta nueva realidad que apunta a un sistema más transparente y, sobre todo, profesional y sostenible. Desde su posición de mediadores entre comprador y vendedor, tienen mucho que aportar.

El API es un profesional cualificado que opera prestando servicios de asesoramiento e intermediación en la compraventa, alquiler o permuta de bienes inmuebles. Su actividad está regulada por el Real Decreto 1294/2007, y para estar dado de alta como profesional activo se debe contar con la titulación oficial expedida por el Ministerio de Fomento o disponer de un título universitario, según explica el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que representa al sector.

Estas exigencias de formación y control diferencian al API de otros agentes de la intermediación inmobiliaria en España, que no requieren de ninguna formación o registro para ejercer. Situación que se produce desde que se liberalizó esta actividad, que permite a cualquiera intervenir en la compraventa inmobiliaria sin exigencia de titulación profesional, ni control colegial y administrativo.

Para el colectivo, esta liberación merma los avances hacia un sistema más garantista para todas las partes. Esta realidad también dificulta conocer el número de intermediadores que realmente operan en España. Como dato orientativo, se cree que hay unos 70.000 agentes en todo el país, lo que supone que los cerca de 4.100 dados de alta en los 46 colegios provinciales agrupados en el Consejo General API son solo la punta del iceberg de esta actividad.

 

Dos reivindicaciones  

Resulta imposible abordar la actualidad del API sin detenerse a analizar sus reivindicaciones, como se explica desde el Consejo General API: «El mercado inmobiliario está necesitado de absoluta transparencia y de máxima seguridad jurídica, más aún cuando el principal objeto de la mediación es la vivienda, bien de primera necesidad que tiene atribuida constitucionalmente una función social esencial. La intervención de un API, como profesional acreditado, aporta la garantía necesaria para que el acuerdo de voluntades y el contrato inmobiliario estén dotados de la seguridad precisa».

Desde el Consejo General API se enumeran dos reivindicaciones prioritarias:

• Regulación de la actividad de intermediación inmobiliaria: se considera prioritario homologar a los agentes inmobiliarios capacitados en un registro público. Esta medida debe servir para evitar mala praxis y aumentar la seguridad de los consumidores en la fase de negociación previa a la intervención notarial y registral. Según Diego Galiano, presidente del Consejo General API, esto no tiene nada que ver con el intervencionismo o con entorpecer el libre mercado, sino con la ordenación y racionalización del mismo, tal como ocurre en el resto de Europa: España es el único país en el que la intermediación inmobiliaria es libre y sin ninguna regulación, según explican. El API se ensalzaría como mediador que garantiza la calidad y honestidad del servicio prestado.

• Más transparencia del mercado inmobiliario y una mayor defensa de los consumidores: considera muy importante que no vuelva a producirse una relajación de las condiciones de concesión de préstamos hipotecarios y la aprobación de una legislación que garantice una mayor transparencia al sector, regulando con precisión la información básica que hay que trasladar a los compradores y arrendatarios de viviendas.

 

Cómo trabaja el API

Defender los derechos de los consumidores y procurar el cumplimiento de la legalidad vigente son las dos grandes obligaciones de estos profesionales en su labor intermediadora. Tareas que deben prestar desde el cumplimiento de su código de deontología profesional y en colaboración con las Administraciones Públicas. Así, sus principales tareas son:

• Compraventa y permuta de toda clase de bienes inmuebles (viviendas, locales, solares, fábricas, naves industriales, hoteles, instalaciones deportivas).
• Arrendamientos de fincas rústicas, urbanas, viviendas, locales de negocio, industrias, comercios, oficinas…
• Peritación y tasación de bienes y derechos inmobiliarios de cualquier tipo.
• Asesoramiento y tramitación de hipotecas.

 

Ventajas para el vendedor y arrendador

En la mediación, un profesional API aporta su conocimiento sobre la realidad del mercado a la hora de tasar y comercializar el inmueble. Asesora en todas las etapas de venta o alquiler hasta el cierre de la operación, incluso redactando el contrato y acompañando en la firma de los documentos oportunos, como garantía adicional para el cumplimiento de la Ley.

 

Ventajas para el comprador o arrendatario

Contar con sus servicios servirá para realizar una búsqueda más exhaustiva de las viviendas que se adapten a los requerimientos de los interesados, contribuyendo al ahorro de tiempo y al acceso a la información. Su mediación también aporta garantías para que el inmueble se encuentre en condiciones óptimas, y el cierre de la operación se dé conforme a lo que dicta la ley, evitando la inclusión de posibles cláusulas abusivas e incluso ilegales en los contratos suscritos.