El 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo fijado por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para que los edificios hubieran adaptado sus accesos a los residentes con movilidad reducida. Sin embargo, según un reciente estudio realizado por la Fundación Mutua de Propietarios, solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios que hay en España cumplen con esa normativa.

El Colegio de Administradores de Fincas explica que en la mayoría de los casos, el desconocimiento, la ausencia de propietarios con discapacidad o la falta de una solicitud formal de mejora de los accesos por algunos de ellos, ha hecho que las comunidades de vecinos no acometieran unas reformas que pueden provocar importantes derramas.

Las obras prioritarias que contempla la ley son ascensores, rampas y salva-escaleras, y salvo que el presupuesto suponga que la aportación de cada vecino supere las 12 mensualidades de pagos a la comunidad, todos los propietarios están obligados a asumir el gasto.

La Fundación Mutua de Propietarios aporta más detalles en su estudio. Sus datos muestran que el 63% de los edificios tiene dificultades para acceder de la calle al portal por la presencia de escalones y solo el 28% de esos espacios cuentan con la necesaria rampa.

Más datos: nada menos que el 22% de las viviendas en altura aún carece de ascensor; el 14% de las edificaciones tampoco tiene portero automático y de las que lo tienen, el 68% está a una altura que impide utilizarlo a personas en sillas de ruedas. Así mismo, en el 50% de las fincas con garaje existen barreras arquitectónicas para llegar a las plazas y en numerosos casos también hay obstáculos en zonas comunes como jardines y piscinas.

Ayudas económicas

Hay que considerar que, según el Instituto Nacional de Estadística, más de cuatro millones de españoles (el 8,6% de la población) sufre algún tipo de discapacidad. A ellos habría que sumar los ancianos que padecen dificultades de movilidad. Incluso deberían tenerse en cuenta los problemas eventuales que cualquiera puede sufrir a causa de una enfermedad o de una lesión.

A pesar de ello y de las multas que prevé la ley por su incumplimiento, numerosas comunidades de propietarios se resisten a realizar una inversión que se encarece cuanto más antiguo sea el inmueble. Y hay que recordar que el 55,7% de las 25 millones de viviendas que hay en España fue construido antes de 1980.

Por eso las comunidades autónomas ofrecen subvenciones para la rehabilitación de edificios. También la propia Fundación Mutua de Propietarios, que ha puesto en marcha el programa ‘Sin Barreras’ para edificios de las ciudades de Madrid y Barcelona, con ayudas de hasta un 50% del presupuesto de las obras de accesibilidad, con un máximo de 30.000 euros.