La dificultad económica de los jóvenes para acceder a una casa y la soledad en la que viven muchos ancianos son dos graves problemas sociales que tienen en común todas las grandes ciudades. Las llamadas viviendas intergeneracionales pretenden ofrecer una solución conjunta para ambos.
Se trata de edificios construidos por iniciativa pública con alquileres bajos para jóvenes a cambio de su compromiso de atender a personas mayores, a las que ayudan en las gestiones administrativas o en las tareas domésticas, les acompañan al médico o, simplemente, pasean y charlan con ellos.
El acuerdo se basa en lo que se conoce como ‘banco de tiempo’: cuanto más horas les dediquen, más se abaratará su alquiler. Eso no significa que tengan que compartir vivienda. Los jóvenes disponen de un piso independiente, de uno o dos dormitorios al igual que los ancianos, que serán sus vecinos.
Alicante fue la primera ciudad en España que puso en marcha hace nueve años este proyecto habitacional con 72 pisos protegidos. Y recientemente la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) anunció la construcción de un complejo de este tipo en la antigua colonia de infraviviendas de Nuestra Señora de los Ángeles, en el distrito de Vallecas, donde hace años se planificó un ‘ecobarrio’ que quedó paralizado por la crisis.
Alternativa a las residencias
El proyecto de Madrid se ha sacado a concurso. Los arquitectos participantes deberán contemplar determinadas características ya previstas: serán pisos de 1 y 2 dormitorios, con zonas comunes en cada planta, biblioteca, gimnasio, cafetería, lavandería, jardines y servicio de atención médica para los residentes y los vecinos del barrio. Se espera que las obras comiencen el próximo verano.
El objetivo, como han explicado desde la EMVS, es ofrecer una alternativa a las residencias geriátricas que facilite una mayor integración social, más calidad de vida e independencia personal a aquellos mayores que no quieren seguir viviendo solos.
Por otro lado, el 46% de solicitantes de vivienda en la EMVS tienen menos de 35 años, por lo que, involucrar a este colectivo en el proyecto, supone dar una respuesta a la demanda habitacional al tiempo que se crea un espacio de convivencia y solidaridad.
Ese organismo municipal será el encargado de seleccionar a los jóvenes y ancianos que soliciten ocupar las viviendas. Lo harán según criterios económicos y considerando cada caso a partir de informes de asistentes sociales.
Los servicios sociales del ayuntamiento se ocuparán así mismo de hacer un seguimiento de la convivencia para asegurar que se cumplan los acuerdos firmados por los jóvenes y que éstos atienden como deben a los mayores. En caso contrario, perderían su derecho al alquiler.