Ya sea por el ambiente relajado de las zonas costeras, por los beneficios para la salud científicamente demostrados o por la posibilidad de bañarse en una playa de vez en cuando, lo cierto es que son muchos los españoles que anhelan vivir cerca del mar. Eso si no lo hacen ya, porque, según datos del Gobierno de España, el 44% de la población española reside en municipios costeros.

España puede presumir de una larga costa con una extraordinaria riqueza de paisajes y ecosistemas. Ahora bien, nuestro litoral es frágil y, por ello, existen leyes que lo protegen. Por tanto, si tu sueño también pasa por vivir cerca del mar, te interesa conocer las limitaciones a la construcción sobre los terrenos costeros que establece la normativa actual.

De preservar nuestro litoral se ocupan: la Ley de Costas de 1988, cuya última reforma data de 2013, la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, del mismo año, y el Reglamento de la Ley de Costas, de 2014. El objetivo de la ley no es tanto limitar la actividad en el litoral sino hacerla compatible con el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.

En este sentido, la Ley de Costas establece dos zonas para los terrenos más cercanos al litoral con dos niveles de protección diferentes:

 

– El Dominio Público Marítimo Terrestre.

– La servidumbre de protección.

 

El Dominio Público Marítimo Terrestre

Como su propio nombre indica, la titularidad de las zonas que componen el Dominio Público Marítimo Terrestre es pública, lo que garantiza su protección y el disfrute por parte de todos. Las playas, dunas, acantilados, marismas o humedales forman parte de estas zonas y la misma ley establece los criterios para su delimitación.

¿Significa entonces que las viviendas que estén dentro de las zonas de dominio público son ilegales? Ni mucho menos, siempre y cuando esas viviendas se construyeran de acuerdo a la legislación vigente en su época. Eso significa que, aunque el Estado recuperará la titularidad del suelo donde fueron construidas, los antiguos propietarios podrán solicitar una concesión administrativa para seguirlas ocupando y aprovechando (por 30 años prorrogables a otros 30). Además, tendrán derecho a reclamar una compensación económica por el perjuicio causado.

 

La servidumbre de protección, hasta 100 metros desde la ribera del mar

Con carácter general la servidumbre de protección abarca hasta 100 metros a contar a partir del límite interior de la ribera del mar. En algunos tramos, clasificados como terrenos urbanos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, este ancho ha quedado reducido a 20 metros.

Entre las limitaciones a las que está sujeta la propiedad en esta servidumbre de protección está la prohibición de construir nuevas viviendas u hoteles. Tampoco se permite ampliar las construcciones existentes, ni en superficie, ni en volumen, ni en altura, aunque sí se podrán realizar reparaciones, reformas y mejoras de las construcciones previamente existentes.

En los primeros 6 metros de anchura, medidos también desde la línea interior de la ribera del mar, las limitaciones son un poco más estrictas: en esta zona no se puede construir ninguna instalación ya que debe reservarse para el uso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

 

¿Cómo sé si mi propiedad cumple con La Ley de costas?

Si estás pensando en comprar una vivienda cerca del litoral español y tienes dudas sobre si su construcción respeta la legislación vigente, puedes encontrar la información en los Registros de la Propiedad y en los Servicios Provinciales de Costas correspondiente a la población en cuestión.